Discurso apertura Período Sesiones Ordinarias 2026 Rector Ing. Rubén

Muy buenos días a todas y a todos

Iniciamos un nuevo período de sesiones del Consejo Superior en un contexto histórico particularmente complejo, que nos interpela no solo como órgano de gobierno universitario, sino como responsables de una institución estratégica para el desarrollo nacional.

Nos toca gestionar, deliberar, legislar y decidir en tiempos de incertidumbre económica, tensiones sociales y redefiniciones profundas del rol del Estado. Y lo hacemos con una convicción que no nos cansamos de repetir: la universidad pública no es un gasto; es una inversión social, productiva, científica y democrática.

Hace unos días, desde el CIN emitimos un comunicado que debemos recuperar y hacer propio. Existe una Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo. Esa ley establece con claridad la inmediata convocatoria a paritarias para recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes; dispone la actualización de los gastos de funcionamiento; el sostenimiento del sistema científico-tecnológico; y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles.

No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria. Se trata de garantizar las condiciones mínimas para que la universidad funcione.

Cuando un docente, una docente debe multiplicar horas en distintas instituciones para sostener su ingreso, se resiente el tiempo de preparación de clases, de investigación y de acompañamiento estudiantil. Cuando una beca pierde valor, no es una cifra la que cae: es una trayectoria académica la que queda en riesgo.

Por eso debemos ser claros: acompañamos el reclamo por la apertura urgente de paritarias en 2026. La recomposición salarial no es una demanda sectorial; es una condición estructural para que exista universidad pública. No hay calidad académica con salarios deteriorados. No hay investigación sostenida sin financiamiento. No hay inclusión real sin becas actualizadas.

Exigimos el cumplimiento efectivo de la ley vigente y sostenemos el diálogo institucional, pero con claridad: si se busca acuerdo, que se convoque a las partes; que se llame a los gremios, a los rectores, a los representantes del sistema; que se discuta lo salarial, las becas, los gastos de funcionamiento, el sostenimiento científico. El diálogo no puede reemplazar a la ley; debe partir de su cumplimiento.

Tampoco tenemos que analizar nuestra situación de manera aislada. Informes recientes indican el cierre de miles de pequeñas empresas y un deterioro profundo del entramado productivo. La era Milei es un verdadero vendaval productivo. Se discuten reformas laborales presentadas como modernización, pero que reducen derechos sindicales, limitan la negociación colectiva, fragmentan vacaciones y debilitan principios protectores históricos del derecho del trabajo en nuestro país.

No es fanatismo ideológico. Es un dato estructural: toda relación laboral es asimétrica. Por eso el Estado interviene, para equilibrar y proteger. Este año transitamos los 50 años de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, un período en el que la anulación de derechos laborales fue parte de un proyecto económico que necesitó disciplinar a trabajadores y organizaciones sindicales. La memoria no es retórica; es herramienta para comprender el presente.

Estos debates no son ajenos a la universidad. Cuando se deterioran los derechos laborales y se debilita la negociación colectiva, también se erosiona el tejido social que sostiene a nuestras instituciones.

La sociedad ha demostrado, en movilizaciones masivas, su apoyo a la educación pública universitaria. Ese respaldo nos honra y nos obliga. Nos obliga a estar a la altura.

Y estar a la altura implica, hacia afuera, defender con firmeza la universidad pública, gratuita, inclusiva y federal. Pero también implica mirarnos hacia adentro.

Blindar la universidad no es solo defenderla frente a recortes; es revisarnos críticamente. Es debatir lo que deba debatirse y actualizarnos cuando sea necesario. Es escuchar a nuestros estudiantes, a nuestras graduadas y graduados, y a trabajadores y trabajadoras. Es preguntarnos por qué parte de la sociedad no se siente convocada por nuestras propuestas. Es preguntarnos cómo volver a entusiasmar a quienes hoy dudan.

En este período debemos asumir compromisos concretos:

– Impulsar una revisión integral y estratégica de planes de estudio y carreras para garantizar pertinencia, calidad y actualización.

– Asegurar que ninguna persona abandone sus estudios por razones económicas ni porque la institución no estuvo presente en momentos de dificultad.

– Administrar con eficiencia, transparencia y criterio social cada peso del magro e insuficiente presupuesto disponible.

Es claro que sostener la docencia con salarios bajos, hacer ciencia sin presupuesto suficiente, y gestionar en un contexto donde las políticas educativas ya no se diseñan desde un ministerio específico son como poco, desafíos enormes. Pero no nos eximen de responsabilidad. Nos exigen creatividad, eficiencia y compromiso.

Este Consejo Superior tiene una tarea difícil e importante:

– Definir política académica con visión estratégica.

– Administrar un presupuesto escaso con responsabilidad.

– Legislar entendiendo el impacto de cada norma en la vida cotidiana de nuestra comunidad.

– Sostener la institucionalidad en tiempos de tensión.

Es claro que asumir compromisos exige instrumentos concretos. Desde la gestión vamos a avanzar en la construcción de un sistema integral de indicadores académicos, presupuestarios y sociales que nos permita gobernar con información rigurosa y comparable en toda la Universidad. Saber con precisión dónde estamos: tasas reales de retención y graduación, trayectorias estudiantiles, impacto efectivo de las becas, relación docente–estudiante, ejecución presupuestaria y evolución salarial en términos reales.

No estamos acá para administrar la inercia. Estamos para conducir, ordenar prioridades y garantizar que cada decisión fortalezca a la universidad como herramienta de transformación productiva, científica y social.

Nuestra historia —desde la Universidad Obrera Nacional hasta la expansión federal que hoy nos caracteriza— demuestra que formar profesionales comprometidos y comprometidas siempre fue parte de un proyecto de desarrollo nacional. Esa identidad no es negociable.

No entreguemos nuestras banderas. No naturalicemos el deterioro. No aceptemos que la precarización sea presentada como modernización.

Pero tampoco caigamos en la parálisis. La defensa inteligente combina firmeza y propuesta. Resistencia y creación. Debate y acción.

A quienes integran este Consejo les propongo tres ejes para este período:

Como rector estoy comprometido para acompañar este proceso. Con puertas abiertas, con escucha activa y con la convicción de que gobernar en tiempos difíciles exige serenidad, firmeza y claridad.

Que este nuevo período de sesiones nos encuentre a la altura del momento histórico. Que nuestros debates estén guiados por el compromiso con la educación pública y por la responsabilidad con las generaciones que vienen.